Prof. Danny Gonzalo Monsálvez Araneda

Depto. de Historia

Investigador Cidesal-Universidad de Concepciónmonsalvez@gmail.com

Las informaciones que circulan por estos convulsos y trágicos días, señalan que Brasil es el primer país de América Latina con mayor número de contagiados por Coronavirus. Siguiendo en la lista Perú y Chile, con lo cual el escenario parece cada día más complejo; sin embargo, no todo parece negativo en la región, también existen países en los cuales el COVID-19 ha sido enfrentado de buena forma. Es el caso de Uruguay, quien junto a Paraguay y Costa Rica constituyen tres de los países que han logrado contener el avance del Coronavirus. De ellos, se destaca el caso uruguayo, el cual va a la vanguardia en la lucha contra el COVID-19 ¿Las razones de aquello? No se trata de una sola variable, más bien de diversos factores, por ejemplo lo más coyunturales, como las medidas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou y otras de más largo aliento, como la gestión del Frente Amplio en los últimos 15 años, el rol de Estado en cuanto políticas públicas, sociales y por cierto una cierta cultura política de sus ciudadanos, a lo cual se suma la baja densidad de población.

Veamos. Desde el mes de marzo (día 13) cuando se detectaron los primeros casos, el gobierno de Lacalle Pou tomó las primeras medidas, entre ellas la suspensión de toda la enseñanza y actos públicos, un confinamiento voluntario, cerrar fronteras, cancelar vuelos, la creación de una comisión de científicos; a lo cual se sumó con el transcurso de los días la creación del Fondo Coronavirus, que se sustentó en el recorte del 20% de los salarios del presidente, ministros, legisladores y empleados públicos superiores a los 1.800 dólares por mes.

Otro aspecto a considerar es la baja densidad de población, sin considerar a Montevideo, Uruguay no tiene grandes urbes. Además Montevideo no se compara con otras grandes ciudades como Buenos Aires, Santiago o San Pablo. De esta forma, mientras estas últimas ciudades cuentan con grandes aglomeraciones y hacinamientos, en la capital del Uruguay aquello es prácticamente inexistente.

En materia de políticas de Estado, se puede señalar el sistema de salud integrado (público y privado) con el cual cuenta Uruguay, donde por ejemplo se dan los servicios médicos a domicilio, sumado a una red de agua potable y saneamiento de casi un cien por ciento.

En materia educativa, se encuentra el Plan Ceibal, el cual se creó el año 2007 y que consiste en un plan de inclusión e igualdad que tiene por objetivo apoyar con tecnología las políticas educativas del Uruguay. Este plan ha permitido que todos los niños y niñas puedan contar con un computador, el cual ha contribuido para que los /as docentes puedan trabajar a distancia con los alumnos, gracias a la extensa red de fibra óptica.

Otro factor importante ha sido el manejo económico que ha tenido el país en los últimos años. Si bien el último gobierno frenteamplista tuvo que enfrentar un déficit fiscal, las políticas públicas y el manejo responsable de la economía de los gobiernos del Frente Amplio desde que llegaron al gobierno el 2004, han sido un pilar importante para que el actual gobierno de derecha pudiera acceder a préstamos y créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento

A lo anterior se suma una cierta cultura política y cívica de los uruguayos, respetuosos de las instituciones, de los acuerdos, negociaciones y de los procesos de toma de decisiones, a lo cual se suma una cierta conciencia de los peligros del COVID-19. Por ejemplo, en Uruguay no existe el problema de la falta de credibilidad o de confianza, como en Chile, en el sistema político, institucional o de los partidos. Con un sistema de votación obligatorio, los índices de participación son significativos. Si hasta bien entrado los noventa existía la hegemonía de un bipartidismo, Colorados y Blancos, a fines de siglo XX, se fue consolidando la fuerza y adhesión que concitó la izquierda a través del Frente Amplio, por ejemplo, con el triunfo en 1989 de Tabaré Vásquez (y sus sucesores frenteamplista) en la Intendencia de Montevideo, lo cual significó establecer un sello en la gestión administrativa y política, que sin duda fue un preámbulo o ensayo para lo que vendría años más tarde con el triunfo en las elecciones nacionales de 2004 (Garcé, 2007)

A  partir de lo anterior, cabe señalar algunos aspectos de más larga duración sobre la realidad uruguaya, particularmente de su historia reciente, que al igual que otros países de América Latina, como Chile, Argentina y Brasil, atravesó por las experiencias de una izquierda revolucionaria, la respectiva dictadura cívico-militar y los procesos de transición democrática.

La literatura tiende a situar a Uruguay junto con Chile como los países “poseedores del historial más brillante de competencia democrática y orden constitucional”; es decir, caracterizados por una “competencia, el orden constitucional y la participación”, a partir del periodo de 1930. Es más, ambos países fueron víctimas de golpes de Estado el año 1973. Mientras Uruguay recuperó la democracia en 1985, Chile tuvo que esperar hasta 1990.

Los principales partidos que hegemonizaron el arco político uruguayo fueron el Partido Colorado y el Partido Nacional (blancos). A comienzo de los setenta, en 1971 irrumpió el Frente Amplio, liderado por Líber Seregni. El FA fue una alianza política de izquierda donde había marxistas y no marxistas, socialistas, comunistas y democratacristianos, los cuales vinieron a disputar la hegemonía de blancos y colorados. Paralelamente a aquello, durante la década del sesenta irrumpió en el escenario el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, movimiento guerrillero liderado por Raúl Sendic y que congregaba a estudiantes y jóvenes profesionales, entre otros. Para algunos, el MLN-T era hacia fines de los sesenta “la fuerza guerrillera mejor organizada y más victoriosa de América Latina” (Finch, 2002, p. 173).

La gestión de José María Bordaberry, quien había llegado al gobierno en 1972, impulsó con fuerza la represión contra la izquierda y los sectores populares del país, hasta que en 1973, se produjo el golpe de Estado, desatando la represión contra la izquierda uruguaya. La dictadura perduró hasta 1985, cuando asumió el primer gobierno civil, tras 12 años de régimen autoritario. Previo a aquello, en 1980, la dictadura llevo a cabo un plebiscito con el objetivo de modificar la Constitución, para de esa forma legitimarse; sin embargo, la opción No se impuso con un 56% de apoyo, situación que generó frustración entre los militares, lo cual precipitó la decisión de las Fuerzas Armadas de abandonar el gobierno. Estableciéndose, en consenso con la mayoría de los partidos, un plazo de tres años para entregar el gobierno a los civiles (Ansaldi y Giordano, 2012, p. 530)

Este proceso estuvo marcado por las negociaciones entre los actores civiles, léase los partidos y militares, menos el Frente Amplio que estaba ilegalizado. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, las Fuerzas Armadas tuvieron que ceder y legalizar a los frenteamplista, lo cual significó un triunfo para el movimiento popular y la izquierda uruguaya (Ansaldi y Giordano, 2012, p. 531)

Así, entre mayo de 1983 y agosto de 1984 se llevaron a cabo las negociaciones entre los principales actores de la vida política uruguaya, lo cual se tradujo en una “transición pactada”. De ambos lados tuvieron que ceder. Mientras los actores políticos acordaron, entre otras cosas, no impulsar medidas jurídicas contra las Fuerzas Armadas, estos últimos aceptaron el retorno al orden democrático y las elecciones en noviembre de 1984 (Hartlyn y Valenzuela, 1997, p. 53). Un punto a destacar, en el retorno a la democracia, fue que el Frente Amplio logró alcanzar una importante votación en aquella elección, muy similar a la que había obtenido en 1971 (un 22%). Por lo tanto, la izquierda, a pesar de los duros años de represión de la dictadura, había logrado mantener incólume su apoyo electoral.

Lo anterior abrió un nuevo escenario, ya que el antiguo sistema bipartidista uruguayo daba espacio a uno tripartito hasta por lo menos las elecciones de 2004. Cabe agregar que otro de los hechos particulares tras el retorno a la democracia en Uruguay fue la aprobación en 1987 de la denominada “Ley de Caducidad”; es decir la imposibilidad de enjuiciar y castigar a policías y militares responsables de las violaciones a los derechos humanos. Si bien el 2009 se impulsó un plebiscito para derogar dicha Ley, la opción por el Si no logró más del 50% de los votos (sólo alcanzó el 47,9%) que requería, con lo cual la propuesta se dio por rechazada. El año 2012, durante el gobierno de José Mujica, se realizó un acto en el cual se reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos ocurridas en dictadura.

Desde 1985 y hasta 1990, el gobierno estuvo en manos del Partido Colorado por medio de Julio María Sanguinetti, luego fue el turno del Partido Nacional con Luis Alberto Lacalle desde 1990 a 1995. Sanguinetti retornó al poder en 1995 hasta el año 2000 y desde este año al 2004 Jorge Blatlle de los colorados. Finalmente, el año 2004, el Frente Amplio, que venía en un franco ascenso, logró llegar al gobierno en primera vuelta de la mano de Tabaré Vásquez. Claro que el escenario no era de los mejores, ya que Uruguay enfrentaba una severa crisis económica que venía arrastrándose desde fines de los noventa y que se había traducido en aumento considerable de la pobreza e indigencia y así como de la desigualdad en la distribución de los ingresos, con lo cual el escenario para la izquierda uruguaya era muy complejo (De Armas, 2006, p. 55).

Cinco años más tarde y por medio de un balotaje, el Frente Amplio nuevamente se impuso en las elecciones, en esta ocasión fue el turno de José Mujica, con lo cual la ciudadanía entregaba un voto de confianza a la gestión de la izquierda uruguaya; para luego nuevamente ceder el gobierno a Vásquez en su segundo mandato hasta que el año 2019 fue derrotado por el candidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional.

En líneas generales, desde la llegada al gobierno, el Frente Amplio impulsó una serie de políticas sociales, como por ejemplo la creación del Ministerio de Desarrollo Social y el  Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) para erradicar la pobreza (De Armas, 2006, p. 56). Reforzó el rol del Estado en materia de protección social y derechos de las personas. Por ejemplo asignaciones familiares para las familias de los sectores de más bajos ingresos. Además se enterregaron para estos sectores varios subsidios en alimentos, agua y energía eléctrica. Por otra parte, se creó un sistema de subsidios para empresas privadas que contrataran a trabajadores desempleados. Se aumentaron los salarios, se expandió la negociación colectiva, se impulsó el Plan socio-habitacional, conocido como “Juntos”, que se abocó a la atención de las familias más necesitadas (Ansaldi y Giordano, 2012, p. 643). A lo anterior se suma la legalización del aborto, la marihuana, matrimonio igualitario, la ley contra la violencia de género y  una la ley para personas trans. En consecuencia, estamos en presencia de un gobierno de izquierda con un fuerte compromiso con los postulados de la libertad, igualdad y derechos de las personas, así como una política de Estado tendiente a la protección de los más desposeídos (Caetano, 2017).

Pero sin duda, la cultura política de los uruguayos constituye uno de los pilares fundamentales de su quehacer político y democrático. Como señala Alicia Lissidini, si existe algo que destacar en el Uruguay es su cultura política “basada en el diálogo, la participación ampliada y la búsqueda de soluciones negociadas. Dado además el carácter proporcional de la representación, las principales leyes fueron aprobadas a partir de negociaciones entre sectores de los distintos partidos políticos, en el marco tanto del bipartidismo tradicional como del sistema pluralista moderado que emergió después de que el surgimiento del fa quebrara el formato binario del sistema partidista en 1971. Asimismo, todas las reformas constitucionales fueron aprobadas con votos de diferentes partidos (en ningún caso por la voluntad o los votos de uno solo)” (Lissidini, 2016). A lo cual habría que agregar el elevado nivel de participación política y la habilidad de sus líderes para llegar a un acuerdo, por medio de la negociación y la transición (Finch, 2002, p. 185). Variables propias de esa cultura política antes señalada

En consecuencia, desde los años ochenta y hasta la actualidad, Uruguay ha transitado por tres momentos: transición, restauración y reformas, pero sin perder de vista aquella cultura política destacada en líneas anteriores o como señala Halperin Donghi, “una fidelidad casi arqueológica no solo al marco institucional sino al estilo de vida y los supuestos ideológicos heredados de un pasado más feliz” (Halperin Donghi, 2017, p. 644)  y que de una u otra forma, le han servido para constituirse en uno de los países más avanzados en América Latina. En ese sentido, no se trata de homologar realidades, por ejemplo con Chile, ya que son escenarios sociopolíticos diferentes; a pesar de experimentar procesos similares en su historia reciente; sin embargo, lo que sí se puede observar como ejemplo, son los avances en políticas sociales y derechos de las personas, así como el rol de Estado en materia de protección social, variables que sin duda han sido muy importantes en la lucha contra el coronavirus en el país charrúa.

Referencias:

Ansaldi, Waldo y Giordano, Verónica. América Latina. La construcción del orden. Tomo II. Buenos Aires, Ariel, 2012.

Caetano, Gerardo: “¿Milagro en Uruguay? Apuntes sobre los gobiernos del Frente Amplio”. Nueva Sociedad, número 272, noviembre-diciembre, 2017.

De Armas, Gustavo: “Sociedad y políticas sociales en Uruguay. Desde la transición democrática al gobierno del Frente Amplio”. América Latina Hoy, número 44, 2006, pp. 41 a 61.

Finch, Henry: “Uruguay, 1930-c. 1990”, en: Bethell, Leslie. Historia de América Latina. El Cono sur desde 1930. Barcelona, Crítica, 2002.

Garcé, Adolfo: “La gestión del Frente Amplio en Montevideo como ensayo general para el gobierno nacional”. Nueva Sociedad, número 212, noviembre-diciembre de 2007.

Halperin Donghi, Tulio. Historia Contemporánea de América Latina. Madrid, Alianza Editorial, 2017.

Hartlyn, Than y Valenzuela, Arturo: “La democracia en América Latina desde 1930”, en: Bethell, Leslie. Historia de América Latina. Política y sociedad desde 1930. Barcelona, Crítica, 1997.

Lissinidi, Alicia: “Uruguay: derechos y cambio social ¿Un país de izquierda?”. Nueva Sociedad, número 266, noviembre-diciembre de 2016.